La pérdida de Derechos Humanos en la política migratoria de la Unión Europea

La detención, el control y la vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión Europea,  está vulnerando los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que intentan llegar al territorio europeo. Esta política migratoria enfocada a evadir, persuadir y prevenir la entrada de migrantes, en “beneficio” de la seguridad de los ciudadanos europeos, está causando la pérdida de derechos y en muchos casos la dignidad,  de las personas que intentan cruzar de forma ilegal sus fronteras.

Por cada decisión que la Comisión Europea toma en nombre de la “lucha a la inmigración ilegal”, cerrando las puertas de entrada de forma legal (negación de visados, reagrupación familiar, pedir asilo en el consulado de país de origen, etc), abre nuevos caminos a la ilegalidad en la entrada a sus fronteras. Los caminos son para los migrantes cada vez más peligrosos, hay con ello cada vez más muertes en el mar Mediterráneo y más heridos al tratar de cruzar vallas de púas y concertinas. Porque la intención de llegar a Europa, para quién por desesperación ha comenzado el viaje o está próximo a comenzarlo, no parará. El lema es llegar o morir. Nadie arriesga tanto si su situación en el país de origen es humanamente aceptable. La Unión Europea de forma humana, debería de una buena vez entenderlo. Y aquellas personas que en su nombre,  firman acuerdos y decisiones que solo  provocan más destrucción, más muertes y más pérdidas de derechos a aquellos que menos tienen y más de nosotros necesitan, deberían hacer un uso humano del poder que les ha sido otorgado.

Dejando de lado ausencia de empatía con los otros, evadir la responsabilidad respecto a los migrantes que compete a los países que integran la Unión Europea, ya no es una cuestión de falta de moralidad o de humanidad, sino que es una infracción al derecho de los migrantes y refugiados. La Unión Europea con la actual política de gestión y control de la inmigración irregular, quebranta los derechos humanos de las personas que intentan llegar a sus fronteras, vulnerando en muchos casos el derecho a la vida de las mismas.

Sumado a la denegación de visas y cierre de vías regulares de acceso al continente, la estrategia de la Unión Europea, de seguridad y control de los migrantes  cada vez más sofisticadas en las fronteras marítimas exteriores europeas, está impulsando a migrantes y refugiados a buscar caminos cada vez más peligrosos a través de pasos fronterizos clandestinos.

Algunos ejemplos, los podemos ver a través del paso del tiempo y en la crónica cotidiana de muertes de migrantes en alta mar. El bloqueo terrestre y  la expansión (actualmente 6 metros de altura)  de la valla en Ceuta y Melilla (2005), traslada la entrada de migrantes africanos desde Mauritania y Senegal, hacia Islas Canarias, aumentando con esto la muerte de migrantes en el Mediterráneo en su intento de llegar a España. En 2014 se colocan concertinas (alambre con cuchillas de acero) en la valla de entrada a Ceuta y Mellilla desde Marruecos. Aún así, a pesar de todo el despliegue de seguridad militar y las heridas que las concertinas causan a quienes intenten cruzarla,  los migrantes siguen arriesgando sus vidas y siguen saltando la valla. Igualmente, el acuerdo de la Unión Europea con Turquía (2016) de devolución de refugiados, reduce la entrada de migrantes por Grecia y Bulgaria y los traslada a la entrada por mar hacia Italia o Malta. En todos los casos,  la consecuencia de una decisión para impedir la entrada, es un viaje más largo y peligroso, dando como resultado más muertes de migrantes en el mar.

Además, las operaciones de la Unión Europea sobre salvamento en alta mar no están claras. Existe temor de los capitanes de barcos privados a salvar víctimas en el mar, por miedo a sanciones – según la normativa que penaliza a aquellos que fomenten la inmigración irregular -  en el intento de ayudar a los migrantes. Hay una falta de claridad en los procedimientos a seguir en la gestión del salvamento en alta mar y en la llegada y desembarco de las personas migrantes. No se sabe qué hacer con ella/os, de ahí que la expulsión inmediata y/o colectiva, resulte ser una vía de solución rápida al problema.

En este sentido se pueden contabilizar casos de infracción de la Unión Europea en relación al principio de no devolución – Artículo 33. 1 de la Convención de Ginebra de 1951- impuesta a los Estados por el Derecho Internacional a favor de los derechos humanos de las personas migrantes. Un antecedente al respecto se encuentra en España en el año 2014 en la Playa el Tarajal (Ceuta y Marruecos), dónde disparos de balas de goma y gas lacrimógeno, provocaron la muerte de 14 personas que intentaban llegar a las costas españolas.

Con este proceder de los guardias de fronteras escudados en la gestión de la política migratoria de la Unión Europea,  no sólo se vulneró el derecho a la vida de las personas, ya que no se hizo nada para salvar a las personas que se estaban ahogando, sino que se devolvió de inmediato a Marruecos a las 23 personas que llegaron. Se implementó de esta manera la “devolución en caliente” de inmigrantes. Una grave infracción de la Unión Europea, hasta ese momento sin precedentes,  en su política de gestión migratoria.

Sin embargo, las devoluciones en caliente no solo no cesaron,  sino que en el presente las devoluciones colectivas se realizan en el marco de acuerdo de devolución, como lo es el acuerdo firmado por la Unión Europea, entre Grecia y Turquía.  Con este acuerdo se está cometiendo una doble infracción, ya que Turquía solo ha ratificado la Convención de Ginebra para países europeos y por ello no está obligada a examinar solicitudes de asilo de países externos a Europa. Por lo tanto, Turquía no es un país seguro y no se ajusta a los Tratados internacionales y el principio de no devolución de Ginebra de 1951.

Asimismo la política de externalización en el control de fronteras de la Unión Europea, es un mecanismo de derivación de responsabilidades,  para evitar que los migrantes lleguen a la frontera europea o permanezcan en los Estados que la integran. Estas políticas incluyen que gobiernos de origen y tránsito de los inmigrantes actúan conjuntamente con los países que integran la Unión Europea en la lucha contra la inmigración irregular. Estos pactos con terceros países - países externos a la Unión Europea – contienen acuerdos de readmisión, vigilancia y prevención de salida de los migrantes desde sus países de origen o tránsito.

Estos acuerdos “de obediencia” a los países receptores de inmigrantes,  se firman en circunstancias no muy claras, siempre a cambio de beneficio económico o político al gobierno firmante.  La Unión Europea no realiza una evaluación exhaustiva en cuanto a si es país seguro o no, cuando firma convenios u acuerdos de control de migración con terceros países.  Los países que integran la Unión Europea, tienen acuerdos firmados con Turquía, Marruecos o Libia, países dónde se cometen violaciones a los derechos humanos de personas en tránsito a Europa. La Unión Europea es consciente de estos procedimientos,  aún así,  firma los acuerdos.

El principal objetivo en la lucha contra la inmigración irregular de la Unión Europea en las fronteras exteriores, es el de evitar la entrada de personas provenientes de países de escaso desarrollo económico. En este sentido, la inmigración irregular es vista como amenaza a la seguridad nacional de los países miembros de la Unión Europea y la población que la conforma. Esta amenaza se combate desde el aumento de medidas de seguridad en las fronteras, con altos presupuestos en medios técnicos y aumento de personal policial en las mismas, aunque la efectividad de las medidas en la reducción de la llegada de inmigrantes no es tan evidente. Las personas no renuncian a la idea de llegar a Europa, sino que por el contrario intentan rutas cada vez más peligrosas que en definitiva conlleva a más muertes. La Unión Europea con la política actual de vigilancia y control en las fronteras no disuade ni evita que las personas quieran llegar a su territorio, sino que por el contrario,  incrementa la violación de los derechos humanos de los migrantes y los refugiados.