El falso discurso político

Comentario del texto: “Las claves del conflicto entre la Comisión Europea y Francia por la expulsión de los gitanos rumanos” EL PAÍS - Madrid - 15/09/2010

En el texto “Las claves del conflicto entre la Comisión Europea y Francia por la expulsión de los gitanos rumanos” (2010), se expone el tema de las expulsiones masivas de gitanos rumanos de Francia, mediáticamente comentadas en su momento. Las duras críticas a la considerada medida xenófoba y discriminatoria, emanaron de diferentes sectores, entre ellas Asociaciones Gitanas, ONGs, el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas. Todas ellas fundamentadas en la defensa de los Derechos Humanos y la criminalización de las personas basadas en la pertenencia a una determinada etnia, como lo es el caso de los rumanos, independientemente de su país de origen.

 El caso debió su trascendencia a las polémicas declaraciones, que frente a la circular francesa de “prioridad en las expulsiones de gitanos rumanos”, formuló la Comisaria Europea de Justicia, Viviane Reding, vinculando la iniciativa con lo sucedido en la II Guerra Mundial. Alegó además, sentirse “engañada” por el Gobierno francés ya que el informe previo a la medida apuntaba a realizar expulsiones individuales previamente estudiadas, en la que la raza o nacionalidad no tenían cabida. La realidad, con gitanos rumanos sacados a la fuerza de los campamentos y expulsados del país, demostraba claramente lo contrario. Reding, apeló a su poder para hacer oír su voz y esta resonó en la prensa internacional, mucho más fuerte que los gritos de los gitanos cuando estaban siendo desalojados. Amenazó con llevar a Francia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, despertando así el interés y participación en el asunto del entonces presidente en ejercicio, Nicolas Sarkozy.

Los Medios de Comunicación se hicieron eco, del tildado “conflicto” entre la Comisión Europea y el país galo, y llevaron la discusión al terreno de la legalidad y las leyes de la UE, centrándose en si eran o no legales las expulsiones masivas. De la desidia, invisibilidad, discriminación y dolor humano de las familias de gitanos rumanos poco se habló. Ambas partes del conflicto, tanto el Gobierno Francés como la Comisión Europea, defendieron su postura, aunque los puntos sobre derechos humanos, dignidad humana y sentimiento de solidaridad y respeto por las víctimas – los gitano/as rumano/as – pasaron a segundo plano. Se comprobó que las expulsiones estaban dentro de la legalidad y que Francia solo estaba cumpliendo normas, previamente dictadas por la UE. Cuando en 2007, Rumanía y Bulgaria pasaron a integrar la UE, lo hicieron bajo ciertas condiciones y restricciones que se aplican a los nuevos socios comunitarios. La existencia de una moratoria de 7 años (hasta 2014), en la que los ciudadanos rumanos y búlgaros podían quedarse viviendo libremente más de tres meses en cualquier país de la UE, siempre que demostrara medios de vida propios, daba a Francia la razón en expulsarlos cuando la condición exigida estuviera ausente y no se estuviera en poder de una tarjeta de residencia.

 Pero, ¿cómo obtener un contrato de trabajo y medios de vida propios en un país (Francia) que exige tramitar las ofertas laborales en país de origen? Esta discusión, apenas apareció en los medios y en quiénes comentaban las noticias que veían o escuchaban. Se dice que Francia expulsó en 2010, más de 13.000 gitanos rumanos y búlgaros y unos 10.000 en el año 2013, bajo el gobierno de François Hollande. La “mano dura” y represión a Francia por la medida xenófoba y discriminatoria, desde el ámbito de la UE, nunca llegó. La ley de su autoría, que condicionaba la libre residencia de ciudadanos rumanos y búlgaros, amparaba dichas expulsiones, y contra la ley no hay nada que decir. Tampoco estuvo en discusión la Directiva (2004/28) de la UE, sobre la libre Circulación de Personas, en las que en su apartado Número 10, aprueba las expulsiones en el caso de que los los ciudadanos beneficiarios de la libre circulación por la UE, resulten una “carga excesiva para la asistencia social” del país de acogida.

 Asimismo, la voz del presidente rumano, reclamado un Plan Europeo de Integración – sin confundir asimilación con integración - y la paralización de las reacciones xenófobas basadas en el populismo de los gobiernos europeos, no tuvo demasiada repercusión y seguimiento mediático. No hubo, ni hay de parte de los gobiernos europeos, un real interés en resolver la situación de la etnia gitana, que lleva más de 700 años en el continente europeo, sin encontrar un lugar en los que no se sientan perseguidos y segregados por el país de acogida. Más información. Francia quiso en su momento solucionar el considerado “grave problema” de delincuencia, insalubridad y falta de integración de los gitanos, expulsándolos de su territorio. España, por su parte, aunque tiene desde hace varios años, un plan estructurado de integración de la etnia gitana, sobre todo en lo que se refiere a la escolaridad de los menores, no deja de ser parte de la persecución y acoso a los gitanos.

En Madrid, el asentamiento de chabolas El Gallinero situado a escasos 15 km de Puerta del Sol, dónde viven mayormente familias de etnias gitanas, es derribado regularmente sin previo aviso por orden del Ayuntamiento. Más información. Luego les ofrece a los desalojados irse a los campamentos para ellos destinados, donde pueden permanecer seis meses si consiguen un trabajo. El derribo es legal, ya que está ordenado por un sector gubernamental. Nuevamente la norma, ampara la acción sin discusión alguna. Un “colectivo muy marcado y demonizado socialmente", afirma Miguel Ángel Vázquez, voluntario en El Gallinero, en el que es fácil saltarse la legalidad.

El discurso político de los gobiernos europeos, sobre la integración, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, no se condice muchas veces con las acciones que a posterior ellos mismos desarrollan. La sociedad, por lo general, se hace eco de las palabras que se dicen desde las altas esferas gubernamentales y se trasmiten a través de los poderosos medios de comunicación. Los ciudadanos comentan y repiten el discurso populista de que “son ellos los que no quieren integrarse” y estigmatizan al otro, - en este caso al colectivo gitano – dando por hecho que se está haciendo mucho para dar solución a sus problemas.

La UE habla de sanciones y niveles de justicia, cuando ha sido en sus arcas dónde se ha generado la normativa que ampara la legalidad de la por ellos mismos llamadas “medidas reprobables”. Por poner un ejemplo, en marzo de este año la Comisión Europea, presentó una serie de recomendaciones a los países de la UE para incrementar las deportaciones de inmigrantes ilegales. El cómo se hagan estas expulsiones, es secundario, ya que siempre estarán fundamentadas en la legalidad. No habrá tolerancia ni convivencia intercultural, mientras no se cambie desde los gobiernos y esferas de poder, el doble discurso de protección y respeto a la dignidad y los derechos humanos por un lado y acusación y estigmatización a la diferencia, por el otro.